En respuesta al repunte de casos de tosferina y la declaración de alerta epidemiológica, las autoridades ecuatorianas han reforzado los esfuerzos de control sanitario en puntos estratégicos de comercialización de insumos médicos.
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Una serie de operativos conjuntos entre la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y la Intendencia de Policía se llevaron a cabo en locales del centro comercial de La Bahía, en Guayaquil.
El objetivo de estos era verificar la legalidad de los productos sanitarios, principalmente mascarillas, cuya demanda se ha incrementado tras las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública de reforzar su uso en espacios cerrados y centros educativos.
Durante las inspecciones, se incautaron más de medio millón de mascarillas que no tendrían el debido registro sanitario o cuyos permisos estaban vencidos. Algunas de estas, además, eran vendidas a precios elevados, lo que llevó a una alerta por una posible especulación en medio de una crisis de salud pública.
“Estos productos no solo incumplen con la normativa, sino que también representan un serio riesgo para los ciudadanos que buscan protegerse de enfermedades respiratorias”, afirmó Leopoldo Pereira, comisario de la Intendencia de Policía, quien supervisó parte del operativo.
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Los controles se enfocaron en distribuidores ubicados en calles como Manabí, Rumichaca, Capitán Nájera, Chimborazo y Coronel, zonas reconocidas por su alto flujo comercial. En algunos locales, las autoridades encontraron desde mascarillas sin etiquetas de fabricación hasta unidades con fechas de expiración alteradas.
La Arcsa anunció el inicio de procesos administrativos contra los infractores, los cuales podrían enfrentar sanciones económicas de hasta 10 salarios básicos (equivalentes a $4.700) y dispuso la clausura de varios establecimientos.