Los recintos militares en Ecuador han sido testigos de varias muertes de mujeres en condiciones aún no esclarecidas. En todos los casos hay un patrón en común: el silencio de las autoridades o contradicciones en las pericias. Aquí un recuento de los últimos fallecimientos que han causado consternación en el país.
María Fernanda Sotomayor Vásquez, de 36 años, fue hallada sin vida la madrugada del pasado lunes 16 de junio del 2025 en su dormitorio del Grupo de Artillería Atahualpa, en Salinas, provincia de Santa Elena.
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Sobre el caso hay pocos detalles. De hecho, el Ejército y Fuerzas Armadas no emitieron ningún comunicado o pronunciamiento. Además, Vistazo solicitó información, pero no hubo respuesta. Los escasos datos han trascendido de manera extraoficial.
El cuerpo habría sido encontrado a las 06:40 de aquel día por sus propios compañeros al escuchar un estallido. Aparentemente, la joven habría acabado con su vida con un disparo en la cabeza.
El cadáver fue trasladado al anfiteatro de Santa Elena, pero después sus familiares lo llevaron al cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro, para la velación y entierro, ya que la víctima era oriunda de esa localidad.
Por el momento, se desconoce si existe alguna investigación sobre el caso. Al buscar en las páginas oficiales de la Función Judicial y Fiscalía no aparece ningún proceso, a excepción de una denuncia interpuesta por María Fernanda Sotomayor el 11 de marzo del 2025 por el presunto delito de extorsión en Santa Rosa.
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Otro caso que causó conmoción fue el de la subteniente Aidita Ati, de 25 años, quien fue hallada sin vida en un dormitorio del Fuerte Militar Napo en la provincia de Orellana.
La joven fue llevada a su habitación por cuatro de sus compañeros tras una fiesta en el destacamento. Por ello, los sujetos fueron procesados por el presunto delito de femicidio. Más tarde, se vinculó en el caso a dos personas más en calidad de cómplices.
Esto porque la primera autopsia determinó que la joven murió a causa de una asfixia mecánica e incluso se dijo que había señales de agresiones físicas y violación.
Inicialmente, el caso era tratado por la Fiscalía de Orellana, pero luego pasó a Quito. Bajo esa nueva dirección, se pidió la exhumación del cuerpo y esta determinó que la causa del fallecimiento sería un edema pulmonar por intoxicación.
Entonces, la fiscal María Isabel Jiménez, quien estuvo a cargo del caso María Belén Bernal, no presentó la acusación contra los seis implicados y ellos quedaron en libertad. Nunca se conoció por qué hubo diferencias abismales entre la primera autopsia y la exhumación.
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La muerte de la subteniente María José Morillo, en abril del 2021, tampoco quedó del todo clara. Ella también formó parte del Fuerte Militar Napo y habría perdido la vida durante un ejercicio fluvial denominado ‘Espina de pez’ en un río cercano al destacamento.
Según la versión oficial, ella y sus compañeros se impactaron con una acumulación de troncos, ramas y otros restos de vegetación. La joven se habría ahogado.
Por su parte, los parientes de la subteniente describieron una serie de inconsistencias por parte del Ejército como el ocultamiento de información y la forma en la que supieron del hecho.
“La familia denunció que el proceso -en el que se realizó la autopsia y el traslado del cuerpo de María José- fue humillante, apresurado y en el transcurso, las autoridades militares realizaron varias acciones para que se entierre a María José de manera rápida y sin que este suceso se difunda a través de más medios de comunicación”, dice un reporte de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Hasta el día de hoy las familias de Aidita Ati y María José claman por justicia, mientras que los parientes de María Fernanda Sotomayor han evitado dar declaraciones.