Con cuatro votos a favor y uno en contra, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió este jueves suspender los derechos políticos de la asambleísta electa por el movimiento Revolución Ciudadana, Priscila Schettini, por un periodo de tres años.
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La sentencia fue resuelta ante la denuncia por presunta violencia política de género con tintes racistas, que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, interpuso en contra de la aspirante al Legislativo del correísmo y la abogada Angélica Porras. En el 2023, ellas impulsaron una iniciativa para que la titular del Ministerio Público renunciara.
La magistrada Ivonne Coloma fue quien votó en contra de las sanción, pues consideró que a las sentenciadas no les fue garantizado el derecho a la defensa.
El caso fue reactivado luego de permanecer suspendido por siete meses, en el marco de una apelación a una sentencia previa en la que se decidió, de igual manera, una suspensión de derechos políticos en contra de Schettini de tres años, así como el pago de una multa equivalente a cincuenta salarios básicos unificados.
Fue el juez electoral Fernando Muñoz quien determinó el año pasado que Schettini y Porras cometieron actos de violencia política de género que afectaron la imagen personal y profesional de Salazar con miras a impulsarla a dejar su cargo.
De acuerdo a su sentencia, ambas hicieron publicaciones en redes sociales y medios de comunicación en la que se referían a la fiscal con calificativos como “inepta, incapaz, ignorante, corrupta, 10/20, mentirosa, fraude, ladrona, con problemas en el conocimiento del derecho penal”.
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La suspensión de los derechos políticos de Schettini fue ratificada a las puertas de la posesión de la próxima Asamblea Nacional, cuya primera sesión está programada para el próximo 14 de mayo.