Ley contra la economía criminal: ¿propuestas similares a las de El Salvador funcionarán en Ecuador?
Incautación de bienes, zonas de seguridad, jueces especializados, detención por formar parte de una banda, allanamientos sin orden judicial y otras propuestas se asemejan al modelo de Nayib Bukele.
El nuevo proyecto de ley que plantea el presidente Daniel Noboa para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno guarda amplias similitudes a las estrategias tomadas por Nayib Bukele en El Salvador. Sin embargo, la propuesta podría no tener el mismo efecto en Ecuador por algunas razones. Además, hay riesgos de inconstitucionalidad y violación a los derechos humanos.
El mandatario expuso en la propuesta enviada a la Asamblea que Ecuador “enfrenta hoy a una amenaza sin precedentes” por el avance de los grupos criminales organizados que “han tejido complejas redes económicas que les permiten financiar sus operaciones”.
Revise: CAL califica a trámite proyecto urgente para desarticular la economía criminal
Por ello, plantea todo un marco jurídico con medidas de carácter financiero y de seguridad que funcionen en el contexto del conflicto armado interno. La idea también es dejar de lado los múltiples estados de excepción, que la Corte Constitucional había criticado por ser una figura aplicada como un régimen especial y no constante.
El gobierno de Noboa sugiere, entre otras cosas, la incautación de bienes vinculados con el crimen, la creación de zonas de seguridad, indulto presidencial anticipado, formación del delito por pertenencia a un grupo delictivo, allanamientos sin orden judicial e incluso establecer jueces y fiscales especializados para conflicto armado interno.
Estas ideas tienen casi un 80% de similitud con las acciones tomadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, según indica Katherine Herrera, consultora política en Seguridad Pública y del Estado, quien ha viajado al país centroamericano para conocer de cerca las normas de seguridad que se aplican.
La analista explica que el modelo de El Salvador “no aplica a la realidad ecuatoriana” por la falta de fortaleza jurídica y distinta dinámica delictiva. En el país liderado por Bukele el problema son las pandillas, pero en Ecuador hay variedad de grupos delictivos nacionales e internacionales expandidos en distintas provincias, en donde han generado modelos de financiamiento.
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS
Una de las principales diferencias entre ambos países, según Herrera, es la cantidad de información sobre los criminales que atentan contra el Estado, ya que en El Salvador se hizo un censo de pandillas, con lo cual se pudo establecer la cantidad de miembros de cada grupo, su ubicación, familiares y roles.
Un reporte de Insight Crime menciona que en el 2009 se creó el Sistema de Información Policial (SIP), una unidad cuya única función era la recolección y análisis de información de las pandillas. Con el tiempo, esta base de datos creció y en el momento en que Bukele estableció un régimen de mano dura para capturar a los miembros de las pandillas, las fuerzas del orden ya tenían los elementos suficientes para procesarlos penalmente y meterlos a la cárcel.
Por su parte, el gobierno de Daniel Noboa plantea en la nueva ley que las personas que formen parte de un grupo armado organizado, directa o indirectamente, serán sancionadas con penas de 22 a 26 años de cárcel. Mientras que los cabecillas podrían recibir hasta 30 años de prisión.
Agrega que esta falta de datos también podría dificultar la incautación de bienes a los miembros de las bandas. Además, la experta puntualiza que la propuesta de ley solo ataca a los militantes y no a las redes de apoyo de las organizaciones criminales, donde se concentra la mayor cantidad de dinero: empresarios, jueces, funcionarios, sistema político, etc.
“Mientras no ataquemos incluso a quienes les ayudan a lavar ese dinero ilícito no vamos a poder recuperar toda la economía que genera el crimen organizado”.
ZONAS DE SEGURIDAD, ALLANAMIENTOS Y JUZGAMIENTO
Otras propuestas similares a las de El Salvador que plantea Noboa son el establecimiento de zonas de seguridad para localidades que sufran amenazas inminentes y el allanamiento a domicilios donde los grupos armados desarrollen sus actividades sin necesidad de orden judicial.
Además, se plantea que el detenido será sometido a un procedimiento unificado para su juzgamiento y sanción en el que no cabrá la aplicación de medidas sustitutivas, sino que la medida más eficaz será la prisión preventiva.
La audiencia de juicio ocurrirá máximo en 15 días desde que suceda la aprehensión y detención. No procederá diferimientos.
Herrera, recuerda que en El Salvador también ocurren este tipo de allanamientos y procesos acelerados de juzgamiento, pero alerta que se han reportado casos de falsos positivos.
“Las cárceles de El Salvador están llenas en su mayoría de mano de obra de las organizaciones criminales, mientras que los grandes líderes en su mayoría están afuera”.
En el país centroamericano también hay jueces y fiscales “de excepción” que procesan a los miembros de las pandillas. En Ecuador, en cambio, se llamará jueces y fiscales especializados en conflicto armado interno. Para lo cual, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, en un plazo máximo de 90 días, deben formar funcionarios, según el proyecto de ley enviado a la Asamblea.
Lea también: Presunto guerrillero de los 'Comandos de la Frontera' cae abatido por militares en Orellana
CUESTIONAMIENTOS CONSTITUCIONALES
Las tácticas implementadas por El Salvador para reducir la violencia han sido ampliamente cuestionadas por organismos internacionales como Amnistía Internacional, quien asegura que el país centroamericano sufre una “crisis de derechos humanos”.
En Ecuador también se han encendido las alarmas por los riesgos de inconstitucionalidad y violación de derechos en las propuestas establecidas en la ley para combatir la economía criminal.
Un análisis hecho por Lorena Piedra, experta en seguridad y presidenta de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador, indica que la norma tiene un alto riesgo de concentración de poder en el Ejecutivo, medidas restrictivas sin garantías procesales, posibilidad de violaciones sistemáticas de derechos y riesgo de militarización permanente.
De hecho, si es que se llega a publicar la ley, una persona podría interponer una denuncia de inconstitucionalidad, con lo cual la Corte Constitucional podría eliminar ciertos artículos o anularla por completo.
De todos modos, la Asamblea, con mayoría de ADN, tiene que tratar el proyecto y se podrían modificar, quitar o aumentar artículos, procurando no caer en inconstitucionalidades.
.png)
.png)
