Ley de Integridad Pública abre la puerta a 'emergencia judicial': permite remover jueces y fiscales con evaluación anticipada
Una de las reformas más relevantes se incorporó al Código Orgánico de la Función Judicial.
La Ley de Integridad Pública, aprobada este martes 24 de junio de 2025 con 84 votos en la Asamblea Nacional, permitirá al Consejo de la Judicatura declarar en emergencia a la Función Judicial, lo que habilitará un régimen especial y expedito para el ingreso a la carrera judicial, así como evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales.
La normativa fue remitida con carácter de urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa y reforma cerca de 20 cuerpos legales, según explicó la legisladora oficialista Valentina Centeno (ADN), ponente del informe.
El proyecto se estructura en cuatro ejes fundamentales: la contratación pública; el fortalecimiento institucional del sector público; la gestión pública en su conjunto; y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.
Emergencia en la Función Judicial
Una de las reformas más relevantes se incorporó al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), donde se introdujo un nuevo artículo que otorga al Consejo de la Judicatura la facultad de declarar la emergencia en la Función Judicial.
Este es el texto aprobado por el Legislativo:
“Art. 269.1.- Declaratoria de emergencia.-En caso de que, previo análisis del Presidente del Consejo de la Judicatura, la Función Judicial requiera de acciones inmediatas y urgentes para abordar problemas del servicio público de administración de justicia, y realizar mejoras esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, se resolverá la declaratoria de emergencia en la Función Judicial.
Previo a la declaratoria, el Presidente del Consejo de la Judicatura someterá a aprobación del Pleno del Consejo los informes técnicos que establezcan la necesidad de declarar en emergencia la Función Judicial. Una vez que se cuente con la aprobación de la mayoría simple, el Director General del Consejo de la Judicatura emitirá la resolución de declaratoria de emergencia en la Función Judicial. Esta declaratoria permitirá de forma temporal y excepcional, realizar las siguientes acciones:
La resolución de declaratoria de emergencia deberá estar motivada, y determinar un plazo de duración. El plazo podrá prorrogarse por decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura”.
Críticas a la reforma judicial
La aprobación de este artículo en la Ley de Integridad Pública ha generado cuestionamientos desde varios sectores.
Los días previos a la aprobación de la Ley, el asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano (PSC) criticó las medidas propuestas dentro del sector judicial. “¿Qué significa régimen especial y expedito?, ¿no va a ver concurso para ser juez?”, cuestionó.
Por su parte, el abogado constitucionalista André Benavides ha advertido sobre los riesgos del artículo aprobado. En redes sociales señaló que la reforma al COFJ podría usarse para:
-Imponer “jueces golondrina” sin procesos públicos de selección.
-Remover a jueces y fiscales considerados incómodos bajo el pretexto de evaluaciones.
-Declarar emergencias judiciales sin límites temporales claros, lo que podría extenderse por años a través de prórrogas sucesivas.
“Mismas mañas, diferentes personajes”, concluyó Benavides.
En contraste, la legisladora oficialista Valentina Centeno, defendió la normativa al asegurar que se trata de una reforma “necesaria, justa e inédita”, que busca fortalecer la justicia y la transparencia en el país. “Esta ley envía un mensaje claro: se acabó la fiesta para los corruptos y los delincuentes”, afirmó.
.png)
.png)
